Tucumán, Argentina - 16/05/08.
El fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, pidió el archivo de una denuncia penal que inició el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Sanjuan, en contra de un grupo de ambientalistas que protestó por la demora de una causa contra un ejecutivo de Minera Alumbrera. “La manifestación no puede recriminarse penalmente porque sólo responde al libre ejercicio de derechos de expresión, reunión y petición a las autoridades garantizados por la Constitución Nacional”, concluyó Ferrer. Ahora, la última palabra la tiene el juez Mario Racedo. El juez de cámara Sanjuan ratificó su denuncia y dijo que “fue un apriete”.
Fuente: diario Primerafuente
“La manifestación, escrito o reclamo que pudiera haberse hecho no puede recriminarse penalmente porque sólo responde al libre ejercicio de los derechos de expresión, reunión y petición a las autoridades, garantizados por la Constitución Nacional; aunque tomen la forma de protesta pública”. Con este argumento, el fiscal federal Nº 1, Emilio Ferrer, pidió el archivo de la polémica denuncia penal que realizó el juez de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Mario Sanjuan, en contra de ambientalistas que reclamaron por la demora en la resolución de una causa contra Julián Rooney, quien se desempeñaba como directivo de Minera Alumbrera al iniciarse la investigación judicial.
Antes de conocer el pedido de archivo por parte de Ferrer, Sanjuan recibió en su despacho a primerafuente y ratificó su denuncia penal. “Esa manifestación fue un apriete. No me pueden exigir como juez tal o cual decisión respecto a Rooney ni de nadie”, dijo molesto por la protesta pública.
Molesto por las tres manifestaciones públicas que se realizaron en febrero pasado frente al edificio de Tribunales Federales, Sanjuán presentó el 10 de marzo último una denuncia penal contra los ambientalistas aduciendo una “posible comisión del delito previsto y penado en el artículo 169 del Código Penal”. En otras palabras, el magistrado relacionó la protesta a un hecho extorsivo. La causa cayó en manos del fiscal Ferrer y del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, quien ahora debe decidir si se archivan o no las actuaciones.
Al respecto, Ferrer concluyó que de estas manifestaciones “no surgen conductas que puedan interpretarse como extorsivas ni tampoco amenazas que permitan presumir la imputación de conducta que afecte el honor o la violación del secreto”. Inclusive, señala que en ningún momento se personalizó a algún miembro de la Cámara.
En su denuncia, el juez aclara no constarle la real existencia de la Asamblea Socio Ambiental del Noa (nuclea a la mayoría de las ONGs que realizaron las manifestaciones) y consideró que los ambientalistas tratan de exigirle “una resolución judicial sujeta a oscuros intereses”. “Utilizan lo que se denomina en el argot común `chantaje´ como modalidad del delito de `extorsión´, de tal manera que esa amenaza se transforma en pública; como consecuencia de lo cual, llevan publicidad lo que afecta la honra o el honor de la persona”, reza en forma textual la controvertida acusación de Sanjuan.
En la presentación, a la que tuvo acceso primerafuente, el camarista también había pedido a la Policía Federal la identificación de cada uno de los integrantes de Asanoa, su personería jurídica y datos de quienes repartieron panfletos en reclamo de justicia
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