lunes, 29 de septiembre de 2008

Construyendo consenso bajo tierra

Por Darío Aranda
Bajo la Alumbrera se encuentra entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los quince mayores de oro. Es el principal yacimiento en explotación del país y es una obra faraónica que utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Trece años de explotación minera, cuatro derrames tóxicos comprobados, una decena de denuncias penales por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir sus promesas de bienestar regional. Es el emblema de la minería metalífera a gran escala. En mayo último, la Justicia de Tucumán procesó al vicepresidente de la empresa, Julián Patricio Rooney, como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación. Sólo un mes después, el Organismo Latinoamericano de Minería (Olami) retrucó: la premió en el rubro Gestión social por su “Plan de mejora del sistema educativo”, elaborado e implementado junto a la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), donde se capacitó a los maestros para el cuidado del medio ambiente.

El secretario general de Olami, Hugo Nielson, es también el titular del Centro de Estudios para la Sustentabilidad de la Universidad de San Martín. Nielson –que rechazó dialogar con este diario– diseñó y ejecutó el premiado programa educativo de Minera Alumbrera. Según publicidad corporativa, el yacimiento asiste a 150 escuelas con material didáctico, tecnológico y de construcción. Junto a la ONG cordobesa Los Algarrobos dicta cursos a docentes sobre el cuidado del medio ambiente en los departamentos de Belén, Andalgalá, Santa María y Tafí del Valle (epicentro de las denuncias contra la empresa). Subraya que tiene como objetivo “promover el cuidado de los recursos naturales de la región”.

Lo que más preocupa a las Asambleas Ciudadanas es que la Unsam, a través del Centro de Estudios, también impulsa la “Red de Prevención, gestión y manejo de conflictos para el desarrollo de la minería en Iberoamérica (Gecomin)”. Reúne a compañías mineras, ONG, espacios gubernamentales e investigadores con el objetivo de “desarrollar un modelo para un adecuado relacionamiento de empresas, comunidades y el Estado, que permita consolidar el desarrollo de la minería”. Su lema fundacional es menos eufemístico: “Construcción de consenso para la minería”.

La docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba Mirta Antonelli analizó el caso del premio Olami, Alumbrera, Universidad de San Martín y Gecomin. “Esta iniciativa busca modificar voluntades por medio de diferentes metodologías. ‘Procesos colaborativos’, ‘construcción de consensos’, ‘resolución de conflictos’, son nombres de distintas modalidades para desactivar la resistencia de las comunidades. Con las empresas colaboran ONG y algunas universidades”, explica Antonelli. Su trabajo, “Las estrategias corporativas de fabricación del crédito social”, detalla cómo las facultades son funcionales a las mineras y aportan legitimidad. “La incidencia de las empresas extractivas en la educación es una tendencia –sostiene Antonelli– prevista en el Plan Estratégico Comunicacional (PEC) para la industria minera en Argentina.”
Fuente: Pagina 12
SOCIEDAD › LA INDUSTRIA MINERA Y SU NUEVA ESTRATEGIA PARA LAVAR SU CARA CONTAMINANTE A TRAVES DE LA EDUCACION
Minería en los manuales infantiles
Una empresa distribuye un juego de mesa en el que gana el que extrae más. Un manual de cuarto grado habla loas no contaminantes de la industria. En La Rioja prohíben provocar críticas al sector en las escuelas. Universidades que apoyan la minería.
[...] La Rioja no tiene manuales a favor de la minería, pero cuenta con el gobernador, Luis Beder Herrera, que pasó de prohibir la minería (por ley) a transformarse en su máximo defensor y (por otra ley) impulsar su desarrollo en toda la provincia. Todo en sólo dos años. Por las críticas recibidas, apuntó contra las Asambleas Riojanas y les prohibió que brinden charlas informativas en las escuelas de la provincia. Desde el Ministerio de Educación desmintieron el hecho, pero los ambientalistas exhiben otra denuncia: en las ferias de ciencias (espacios de intercambio que se realiza en todos los departamentos de La Rioja) fueron excluidos los trabajos sobre minería y prohibido el acceso a docentes que militan en las Asambleas. [...]
Nota Completa: Pagina 12

Los camiones de Bajo La Alumbrera no pasarán

BLOQUEOS EN TUCUMÁN y CATAMARCA

Boletín quincenal Nº 97 - El seis de agosto pasado, organizaciones ambientalistas y vecinos de Cafayate retuvieron una carga de cilindros que provenía en cuatro camiones con destino a la minera, como forma de rechazar el avance de la empresa en Catamarca y para exigir el cierre preventivo de Bajo Alumbrera hasta que la justicia se expida sobre un juicio que involucra a uno de los más altos directivos de la misma. Hoy, los camiones son frenados en la zona del Bañado, provincia de Tucumán, por decenas de organizaciones indígenas, ambientales y sociales.

El último intento de la empresa fue intimar judicialmente a seis manifestantes, pero las organizaciones repudiaron la medida y continúan evitando que los camiones puedan trasladarse hacia la minera. El pasado 17 de septiembre Minera Alumbrera Ltda envío una carta documento a Myriam Genisans, integrante de ProEco, grupo ecologista de Tafí Viejo, y miembro de la RENACE y de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Allí, el apoderado Juan Donicelli la intimaba a “cesar el piquete” en la Ruta 40 y anunciaba “el inicio a las acciones civiles correspondientes en contra de sus responsables por los cuantiosos daños y perjuicios que el citado piquete ha causado a la empresa”. Días después esta misma intimación llegó a cinco manifestantes más.

La Asamblea de Los Pueblos de los Valles Calchaquíes, integrada por decena de organizaciones, rechazó la medida realizada por la empresa y decidió continuar con la interferencia a los cuatro camiones. Advirtiendo y repudiando una campaña de intimidaciones hacia quienes pelean por la reforma del Código de Minería y la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto, la Asamblea de los Pueblos aseguró en un comunicado, que La Alumbrera está en contra de todo el pueblo Calchaquí y exigió el cierre definitivo de la empresa hasta tanto se resuelva el juicio al gerente general Julián Rooney, por contaminación peligrosa.

Recordemos que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dispuso el procesamiento de Rooney como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051. Hoy, el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, enfrenta pedidos de destitución por el procesamiento de Rooney.

Cabe destacar que Bajo La Alumbrera empezó a funcionar en 1997 y es el mayor emprendimiento minero del país. Su sede está en Catamarca, pero el concentrado es transportado en un mineraloducto que llega hasta Tucumán y tras obtener los metales, se transporta hasta San Lorenzo, en Santa Fe. La Alumbrera obtuvo un permiso de extracción de millones de litros de agua por día y tiene un consumo de energía igual al consumo de la provincia de Catamarca y de Tucumán (dicho por empresarios de estas provincias). Su actividad ha impactado negativamente en las poblaciones de los valles Calchaquíes y de la cuenca Salí-Dulce. Además, hoy existen en el país 141 proyectos de minería metalífera a cielo abierto que abarcan 12 provincias.

Desde las organizaciones indígenas y ambientalistas rechazan el hecho que la energía eléctrica, el combustible y el agua se subsidien para las mineras y escaseen para las poblaciones. Es necesario tener en cuenta que la minería a cielo abierto implica el uso de sustancias tóxicas que implican altos niveles de afectación del medio ambiente, y un uso desmesurado de recursos, entre ellos, el agua y la energía. Es así que, ante un modelo agro y minero exportador, la escasez de agua se vuelve un problema real.

Entre las consignas que se escuchan en el Bañado, Tucumán, frente a los camiones impedidos de seguir hacia la minera expresan: "Nuestra agua no es para las mineras; nuestros Bienes Naturales y Culturales no son negociables; nuestros recursos naturales no están para saquearlos; no somos ni queremos ser la reserva del "Primer Mundo".

Freddy Carbonell: tel: 0381 4243194 – 3814044540 (cel.)

Fuente: Prensa de Frente

FORO ANDINO FRENTE A LA GRAN MINERÍA: ALTERNATIVAS DE LAS COMUNIDADADES, PUEBLOS INDÍGENAS Y TRABAJADORES

Los días 26 y 27 de septiembre se reunieron en Bogotá cerca de quinientos representantes de unas cincuenta organizaciones de comunidades, pueblos indígenas, pequeños y medianos mineros y trabajadores de la minería de la región andina y compañeros de Argentina, Guatemala y Estados Unidos. Tras dos días de deliberaciones, en las que intervinieron más de 20 conferencistas en 4 paneles y se realizaron tres talleres sectoriales, se aprobó una declaración general del evento.
Declaración de Bogotá


Los Pueblos y Comunidades indígenas de la región andina amazónica, los trabajadores de la minería, pequeños y medianos mineros colombianos, y los movimientos sociales, así como hermanos de organizaciones de Guatemala y Estados Unidos, que vivíamos ancestralmente con montañas y aguas transparentes con pueblos basados en el buen vivir, complementariedad, reciprocidad, y hoy somos afectados por la minería, reunidos en el Foro Andino frente a la Gran Minería, después de debatir ampliamente declaramos:

Considerando que:

1. Los pueblos y comunidades de la región andina sufrimos las consecuencias de la gran explotación minera llevada a cabo por las multinacionales, la cual ha producido inmensos daños al medio ambiente, amenaza agotar y envenenar las fuentes de agua, destruir los suelos, contaminar el aire, degradar la biodiversidad y desplazar comunidades, y –además– impide garantizar nuestra soberanía y seguridad alimentaria.
2. Muchos gobiernos han entregado los bienes naturales, como los minerales, a la voracidad de estas empresas sin exigirles condiciones ambientales, laborales, tributarias o en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y esta minería no representa ingresos significativos para los Estados.
3. En toda la región y el continente, las comunidades afectadas y los pueblos originarios han denunciado ampliamente los efectos nefastos que esta explotación tiene sobre su vida, la madre tierra y la sobrevivencia humana.
4. Las transnacionales mineras implementan precarias condiciones laborales y vulneran el derecho a la salud y a la organización de los trabajadores que laboran en ellas, ampliando las enfermedades degenerativas.
5. La pequeña y mediana minería es perseguida y proscrita por algunos gobiernos, que pretenden que los inversionistas extranjeros tengan todo el control de su explotación; desconociendo, como en el caso de Colombia, su contribución al desarrollo local, que da empleo a dos millones de familias y genera menos impacto ambiental que la gran minería.
6. Las protestas contra estas situaciones han sido reprimidas, se criminaliza a los participantes en ellas y se les viola el derecho a la organización y la protesta.
7. La agresión minera va acompañada de reformas legislativas regresivas, desmonte de derechos, paramilitarismo y violencia política de diverso origen, y asesinatos y persecución a miles de lideres populares que defienden el derecho a la vida.
8. La minería es una pieza clave de la dominación impuesta a través de la globalización neoliberal, que pretende profundizar con el libre comercio (TLC con EE.UU, Canadá y AELC, Acuerdo de Asociación con la Unión Europea), megaproyectos (IIRSA, Plan Puebla Panamá) y los Tratados Bilaterales de Inversión, agrocombustibles, transgénicos, un modelo económico exportador, extractivo, que abandona la posibilidad de la soberanía alimentaria, el desarrollo sustentable y la .autodeterminación de los pueblos y sus alternativas de Buen Vivir en armonía con la Naturaleza

Resolvemos:

a) Llamar a una acción continental para que los Estados, Pueblos y Comunidades recuperen el control de sus territorios, bienes naturales y la biodiversidad, respetando las formas de vida propias.
b) Fortalecer y consolidar los territorios y estrategias productivas y sociales de los pueblos y comunidades, en base al Buen Vivir, el desarrollo propio, y las relaciones económicas con equidad social, sustentabilidad e interculturalidad, como alternativas al modelo neoliberal, basado en la reprimarización y el extractivismo minero; y que incluyen en el caso de los pueblos indígenas, retomar y fortalecer sus cosmovisiones y espiritualidades.
c) Luchar por la recuperación y nacionalización del control de los bienes naturales, por parte de las comunidades locales, pueblos indígenas, trabajadores y ciudadanía, como alternativa ante la privatización, saqueo y desnacionalización.
d) Desarrollar la movilización popular en diversos espacios, incluyendo el de promover políticas públicas alternativas en minería: sobre consentimiento previo, prohibición de explotación de aguas subterráneas donde hay poca precipitación pluvial, contaminación, derechos laborales, beneficios y otros
e) Articular campañas y acciones de lucha, con redes amplias de movimientos indígenas, sindicales y sociales, que reúnan a todos los afectados por los mismos grupos de capital, incluyendo alianzas con los sindicatos y retiro de accionistas de sus casas matrices.
f) Fomentar los intercambios de experiencias de lucha, a través de visitas, giras, caravanas de líderes y liderezas, a nivel nacional e internacional.
g) Investigación, documentación de casos emblemáticos, y su divulgación como instrumentos de incidencia ante la opinión pública y actores políticos internacionales.
h) Apoyar las luchas que actualmente se realizan y denunciar enérgicamente la criminalización de la protesta social, como en los casos de Colombia (Cerrejón, Represa Río Ranchería, Marmato, Támesis, Cauca), Perú (Cerro de Pasco, Doe Run, Majaz, Antamina, Bambas, Yanacocha), Chile (Pascualama), Bolivia (Inti Raymi-Newmont, Sinch'i Wayra-Glencore, San Cristóbal Apex Silver), Argentina (Bajo La Alumbrera), Ecuador (Intac, Pangui, Cordillera del Cóndor, Nor occidente de Pichincha), Guatemala (San Miguel Ixtahuacán en San Marcos, Ixcán El Kiché, Polochic, Alta Verapaz, El Estor en Isabal, San Juan Zacatepeques), Estados Unidos (Western Shoshone).
i) Solidarizarnos con las luchas populares en Colombia, como la de los corteros de caña de azúcar y trabajadores judiciales.
j) Rechazar la criminalización, judicialización, represión a las luchas populares contra la minería en todo el continente.
k) En el caso de Ecuador, llamar a su gobierno a respetar la decisión de las comunidades frente a los proyectos mineros y a suspender la persecución de quienes prefieren el Buen Vivir a la Minería.
l) Exigir el consentimiento previo, libre e informado y vinculante con las comunidades afectadas, antes de las decisiones de inversión mineras (de acuerdo al Convenio 169 y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas) y que los Estados adopten medidas eficaces de control ambiental y condiciones laborales adecuadas, protección comunitaria y replanteamiento de aquellas explotaciones, que puedan incluir su suspensión, ante las amenazas a la vida de las comunidades, el medio ambiente y el desarrollo regional. Los estados reconozcan las consultas previas organizadas por las comunidades como los de Majaz (Perú), San Marcos (Guatemala) entre otros.
m) Apoyar la Declaración de las organizaciones colombianas contra la reforma del código minero y las propuestas de modificaciones planteadas por las organizaciones de la pequeña minería.
n) Promover amplias alianzas para la utilización de los mecanismos internacionales sobre racismo, pueblos indígenas, medio ambiente, agua, derechos humanos y otros, presentando casos documentados ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y el Convenio Internacional 169 de la OIT, entre otros.
o) Defender las decisiones autónomas de las comunidades locales, sea para detener toda inversión minera o de priorizar la pequeña y mediana producción minera nacional, de forma tal que sirva al desarrollo soberano de las naciones.
p) Promover y articular redes de comunicación, que incluyan medios alternativos locales y comunitarios, y potenciar nuestras propias voces a nivel continental.
q) Desarrollar acciones en el plano jurídico, que impliquen la reconstitución el derecho indígena y derecho mayor; la creación de un tribunal para juzgar a las transnacionales; avanzar en cambios constitucionales para restituir la propiedad comunal de bienes naturales y crear un observatorio jurídico de los pueblos indígenas para el cumplimiento de los tratados internacionales
r) Campaña de sensibilización e incidencia contra el consumismo, en especial el basado en metales suntuarios y reducir su demanda e impactos.
s) Convocar a participar en las siguientes acciones de lucha internacional:

* 12 de octubre: Movilización Continental de los Pueblos Indígenas.
* 7 de Noviembre: Movilización nacional sindical y popular en Colombia.
* Organización de Referéndums nacionales para declarar al agua derecho humano fundamental, como se está haciendo en Colombia.
* Promover un foro continental sobre las alternativas indígenas y populares a la gran minería, que articule una red de lucha y defina un día de acción continental.

Las luchas de los pueblos andinos contra los grandes proyectos mineros que afectan su existencia son cada vez más fuertes y amplias. Este Foro Andino frente a la Gran Minería: Alternativas de las comunidades, pueblos indígenas y trabajadores, es un avance en la articulación de las experiencias, que esperamos sirva a otras acciones a nivel continental; y en ese camino, llamamos a la mas amplia unidad que articule todas las resistencias a la devastación de la gran minería, que incluya a los pueblos directamente afectados, a los intelectuales y escritores que denuncian estos impactos, a los abogados indígenas o no que defienden a los pueblos, a las instituciones de derechos humanos, a los sindicatos con defensa integral de derechos, pequeños mineros según las particularidades de cada país y zonas, ONGs de apoyo técnico que respetan la autonomía de nuestras organizaciones; los consumidores que cuestionan el consumismo suntuario de metales y los medios de comunicación alternativos.

Bogota, 27 de septiembre de 2008

Alianza Social Continental.
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC
Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyo – CONAMAQ (Bolivia)
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectados por la Minería – CONACAMI
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador - ECUARUNARI
Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud Bolivia (FRUTCAS)
Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero y Lagos Uru Uru y Poopo-Bolivia - Coridup
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - Caso Pascua Lama (Chile)
Red de Veedurías de Colombia - Redver
Movimiento Pachakutik del Ecuador
Convergencia Nacional Wakib Kej (Guatemala)
Pueblo Western Shoshone (Estados Unidos)
Consejo de Pueblos de la Comunidad San Marcos (Guatemala)
Organización Indígena Yanama
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT
Unión Sindical Obrera – USO
Sintracarbón, Cerrejón
Pueblo Shuar Arutam del Ecuador
Asamblea de los Pueblos en Defensa de la Naturaleza – Ecuador
Coordinadora de defensa del nor occidente de Pichincha (Codecono)
Asamblea Nacional Ambiental de Ecuador
Ecuador Solidarity Network – Canadá, Estados Unidos
Comunidades en Resistencia del Consejo de Pueblos del Occidente - Guatemala
Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta Rio Sucio Supía Caldas
Organización Indígena Wayuu de Mayabamgloma
Asociación de Mineros del Bajo Cauca
Asociación de Mineros del Nordeste Antioqueño
Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos del Nordeste Antioqueño
Grupo Cívico de Nanmatu
Asoguayabal – Asociación de Artesanos y Alfareros Barrichara
Sindicato Nacional de la Industria del Carbón - Sintracarbón
Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio – Recalca
Instituto de Investigaciones y Estudios Energéticos de Trabajadores de América Latina y el Caribe – Ieetalc.
Funtraenergética
Sintramienergética, seccional El Paso
Sintracerromatoso
Federación Colombiana de Mineros del Oro, Plata y Platino – Fedoro
Federación Agrominera del Sur de Bolivar, Fedeagromisbol
Corporación Aury Sará
Centro de Estudios del Carbón y la Gran Minería
Federación de Mineros de Santander – Fesamin
Organización Colombiana de Estudiantes – OCE
Federación de Areneros y Balasto del Eje Cafetero
Ecuador Decide
La Chiva – Canadá
Comités de las minas El Caño, La Esperanza, San Martín y La Vega de San Martín de Loba
Centro de Estudios del Trabajo – Cedetrabajo
Congresistas del Polo Democrático Alternativo: Orsinia Polanco, Germán Reyes y Jorge Enrique Robledo.

viernes, 19 de septiembre de 2008

La lluvia ácida que produce Alumbrera habría llegado a los Valles Calchaquíes

Zorros pelados, animales que se mueren sin haber causas conocidas, y cultivos que no son tan productivos como antes, serían algunas de las consecuencias de la lluvia ácida que ya habría llegado a los Valles Calchaquíes y que sería causada por la actividad minera de Alumbrera, empresa que explota el yacimiento catamarqueño que lleva igual nombre.
Las conclusiones fueron volcadas por el ingeniero Elio Vélez, de Tucumán, en un estudio que el especialista llevó adelante a pedido de los vecinos autoconvocados de Catamarca. Vélez realizó el estudio sobre los datos del informe de Impacto Ambiental del proyecto de explotación de cobre de Minera Agua Rica (MAR) -que será administrada por las mismas empresas que se encargan de Minera Alumbrera-, emprendimiento que prevé procesar 90.000 toneladas por día. Por las explosiones a realizar para procesar el mineral, se prevé que se generarán algunos gases que son los que contribuyen a la formación de nubes tóxicas que viajan sobre la superficie y, entre algunas de las consecuencias, "queman la piel de los mamíferos (zorros pelados), deforestan bosques y cultivos y queman también los frutos verdes que se volverán negros y caerán al suelo sin madurar", dice el informe de Vélez entre sus conclusiones. Esta situación, según Vélez, ya estaría siendo producida por las macro voladuras que se registran en Minera Alumbrera, cuyos resultados estarían afectando a los Valles Calchaquíes. Entre los puntos que Vélez comentó indicó que en algunas partes de estos valles (que se encuentran en los límites de Salta, Tucumán y Catamarca), "no solamente no tienen agua, sino que los cultivos no producen casi nada". Entre los ejemplos, Vélez planteó la situación de un plantío de alfalfa que no tenía la altura que debería y cuyas hojas son "muy ralas y contraídas". "Los animales herbívoros domésticos o salvajes se mueren de repente", dijo. Como una de las posibles causas de estas muertes señaló que las hojas que comen se encuentran cubiertas por "una capa de ácido nítrico o nitroso que depositan el rocío o la niebla matinal que recogen de la atmósfera los NO, NO2 u NOx de las macro voladuras de Alumbrera". Señaló que esos rocíos o nieblas ácidas "producen la caída del pelo de los animales (en especial zorros y guanacos), que así mueren de frío en el helado invierno andino". En diálogo con Nuevo Diario, el especialista indicó que entre los comentarios que le llegaron, está el que dice que en Cafayate están muriendo unos 40 animales por año. Las consultas a Vélez se hicieron ante el movimiento que comenzó entre los vecinos autoconvocados para defender el proyecto por el cual en la provincia se busca prohibir la explotación de minería metalífera a cielo abierto, de uranio, y de torio. "Preocupación" Ante el proyecto presentado por el senador justicialista Manuel Luque, desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se indicó que existe "preocupación" por la iniciativa "que afecta seriamente el desarrollo de una actividad que es madre de industrias y generadora de trabajo genuino". En un comunicado, la responsable de recursos humanos de la CAEM, Gabriela Koening, agregó que "las prácticas mineras en territorio argentino reflejan un absoluto respeto por el medio ambiente regidas por las exigencias de la ley ambiental minera". Se aseguró que "la minería no contamina" y es una actividad "que genera inclusión social en los lugares más postergados". Por su parte, y ante todos los puntos que se empezaron a exponer en las discusiones contra las mineras, la empresa Río Tinto Minerals, a cargo de Bórax Argentina, invitó a los periodistas a visitar las instalaciones de la empresa en Quijano para informar su forma de trabajar y "las actividades desarrolladas en el marco del Cincuentenario".

jueves, 18 de septiembre de 2008

GRAVISIMO: DICTADURA Y PERSECUCION EN LA RIOJA

PROHIBIDO EDUCAR EN LA RIOJA



El Ministerio de Educacion de la Pcia. por la orden del Gobernador BEDER HERRERA bajó líneas a supervisores y directivos de colegios para :
  • PROHIBIR a Docentes tratar el tema de la Mineria con los alumnos.
  • PROHIBIR el ingreso de las Asambleas a las Escuelas.
  • PROHIBIR colocar carteles con mensajes en contra de la mineria contaminante.
  • PROHIBIR hacer trabajos institucionales y para la Feria de la Ciencia en contra de la Mineria saqueadora y contaminante.

INTIMARON a Directivos a dar nombres de los docentes que militen en las Asambleas para CESANTEARLOS.

PROHIBIDO PENSAR DIFERENTE

A traves del Ministerio de Gobierno se bajo línea a las áreas de su competencia para amordazar a asambleístas.

El Jefe de Policia ha dado orden en su jurisdicción de advertir que se someterá a traslados laborales a destinos en pueblos lejanos a empleados de ese cuerpo que han sido identificados como pertenecientes a las Asambleas.
Fuerzas de seguridad de civil no identificadas, se desplazan en autos sin chapa patente, con vidrios polarizados, haciendo el seguimiento a vehiculos de integrantes de las asambleas en forma intimidatoria
Se han incrementado en las últimas horas las amenazas de muerte anónimas a integrantes de las Asambleas
Hay compañeros que han sufrido emboscadas, apaleamientos, pedreas e incendios a sus bienes
Se impidió el acceso de las Asambleas a los espacios públicos con vallados policiales
Se intentó detener con la policía a estudiantes que defienden la vida y distribuyen información
Se expulsaron de los actos oficiales a periodistas por portación de ideas
Se ordenó al Canal de televisión oficial omitir cualquier información en contra de la mega minería
Se están cerrando rápidamente los espacios en radios y diarios
¿ DEMOCRACIA O DICTADURA ?
¡ SI TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS !
LA DEMOCRACIA REAL NO SE TOCA!
ASAMBLEAS CIUDADANAS RIOJANAS

La tierra para el que la revienta (nota del Diario Critica de la Argentina)

Maristella Svampa
18.09.2008

DAVID Y GOLIAT: EL AUGE DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y LOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA

Desde el primer caso de resistencia en Esquel contra la instalación de la Meridian Gold, los emprendimientos son cada vez más rechazados por poblaciones del interior. Sin embargo, favorecidos por la legislación vigente que se dictó en tiempos de Carlos Menem, en la actualidad existen 141 proyectos de minería metalífera a cielo abierto que abarcan 12 provincias. Los intereses económicos y el papel de los gobernadores.

Más de uno debe preguntarse por qué existe cada vez más gente que se opone a la explotación de la minería a cielo abierto en nuestro país. ¿Será que los gobiernos y las grandes transnacionales mineras no trasmiten correctamente las “ventajas” y “oportunidades” del nuevo modelo? ¿Será que la gente no está en condiciones de comprender el impacto que en términos de trabajo, progreso y desarrollo tendría la industria metalífera a gran escala, sobre todo en aquellas provincias pobres y relegadas de nuestra geografía? Éstos parecen ser los principales argumentos que repiten funcionarios, técnicos nacionales y provinciales y, por supuesto, las grandes compañías mineras, que hoy buscan legitimar el modelo.
Para entender la oposición cada vez mayor de las poblaciones a los emprendimientos mineros, hay que aclarar que la minería a cielo abierto es bastante diferente de la minería subterránea tradicional. Como explica el periodista y ambientalista Javier Rodríguez Pardo, “los minerales remanentes hoy se encuentran en un estado de diseminación y en partículas ínfimas dispersas en las rocas montañosas, por lo cual es imposible extraerlos con los métodos tradicionales.
Para apropiarse de los minerales y concentrarlos, una vez detectados por satélite, la compañía minera debe producir la voladura de montañas enteras, que son convertidas primero en rocas y luego trituradas, para aplicárseles luego una sopa de sustancias químicas que separan y capturan los metales del resto de la roca. Para ello se emplea cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas, acumulativas y persistentes, de alto impacto en la salud de las personas y el medio ambiente”.
La utilización de tecnología de avanzada y el uso de sustancias tóxicas se deben a que en la actualidad los recursos minerales con un cierto grado de concentración natural han sufrido una gran disminución cuantitativa y cualitativa en todo el planeta. Por otro lado, a raíz de la escasez y su estado de diseminación, cuanto más baja es la ley del mineral, mayor es la cantidad de explosivos y volúmenes de agua que se requiere.
DE MENEM A KIRCHNER. En la Argentina, la introducción de este modelo fue posible gracias a una serie de leyes promulgadas en los 90, bajo el gobierno de Menem, que favorecieron abiertamente la instalación de las grandes transnacionales mineras, a través del otorgamiento de beneficios y exenciones al capital transnacional. Entre esas ventajas se destacan la estabilidad fiscal por 30 años, la exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las Ganancias y otros privilegios no menos escandalosos.
Este marco regulatorio fue impulsado por José Luis Gioja, el actual gobernador de San Juan y el propio Ángel Maza, gobernador de La Rioja hasta 2007. Hace unos años, Néstor Kirchner no sólo confirmó la continuidad del modelo minero; también lo declaró un “objetivo estratégico”.
Según datos elaborados a partir de informes de la Secretaría de Minería, existirían 141 proyectos de minería metalífera a cielo abierto, en fase de exploración, que abarcan 12 provincias argentinas. Más de la mitad de esos proyectos se emplazarían en San Juan (22), Catamarca (9), La Rioja (10), Salta (22) y Santa Cruz (21). Tres proyectos se hallan en estado de explotación, entre ellos Bajo de la Alumbrera, en Catamarca; Veladero, en San Juan, y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz. Para los próximos meses se prevé el inicio de la explotación de Agua Rica, en Catamarca.
Uno de los casos pioneros y emblemáticos fue el conflicto entre la población de Esquel, en Chubut, con la minera canadiense Meridian Gold. Gracias a la alerta dada por técnicos y ambientalistas de la región, la comunidad de Esquel se movilizó contra la explotación de una mina de oro a cielo abierto.
Finalmente, los vecinos autoconvocados organizaron un plebiscito en marzo de 2003 que arrojó un rotundo “no” a la minería tóxica, que reunió el 81% de la población. El “efecto Esquel” tuvo un arrastre multiplicador, despertando a otras regiones donde ya se han implantado o se proyectan emprendimientos mineros de gran envergadura. Frente a la resistencia de la población, en unas pocas provincias, Chubut, Río Negro, Mendoza y La Pampa, se sancionaron leyes que prohibieran la minería con uso de sustancias tóxicas.
LA MINERÍA, ACTIVIDAD FEUDAL. Un tema no menor es que la industria extractiva minera suele encontrar un terreno favorable en aquellas regiones marcadas por una matriz social muy jerárquica y poco diversificada desde el punto de vista económico, en donde imperan gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad institucional.
En este contexto, las asimetrías propias de la dinámica entre lo local (las asambleas de autoconvocados) y lo global (empresas multinacionales) se exacerban: las grandes empresas tienden concentrar un número importante de actividades, reorientando la economía del lugar y conformando enclaves de exportación. Su peso económico es tal que no resulta extraño que los intereses mineros atraviesen y hasta sustituyan al Estado, menospreciando y violentando procesos de decisión ciudadana.
De este modo, la minería a cielo abierto termina configurándose como una figura extrema, un modelo descarnado, en el cual las más crudas lógicas del saqueo económico y la depredación ambiental se combinan con escenarios grotescos, caracterizados por una gran asimetría de poderes, que parecen evocar la lucha desigual entre David y Goliat.
En La Rioja, la región de Famatina tiene una relación con la minería que se inserta en la memoria larga. Famatina proviene de “wamatinag” que en quechua significa “madre de los metales”. Cuna de la minería en nuestro país, la actividad encontró pleno desarrollo a principios del siglo XX, a través de una empresa inglesa, y gracias a un moderno cable-carril. Las minas fueron cerradas en 1926, cuando de los socavones dejaron de fluir las vetas preciosas.
En los altos del Famatina quedaron los desechos contaminantes, sacudidos por el viento helado. Evocando aquellas épocas, una finquera de Famatina, que vende conservas en el centro de Chilecito, nos dijo con crudeza: “Ni una dentadura de oro nos dejaron. Se llevaron todo. Lo único que dejaron fueron mujeres viudas…”.
Pero ahora, en Famatina, los fantasmas de la minería parecen haber retornado de la mano de las nuevas tecnologías. El reciente auge minero impulsó la realización de cateos y exploraciones en el antiguo distrito minero La Mexicana, ubicado a 4.500 metros de altura, donde la compañía Barrick Gold, una de las mayores del mundo, montó su campamento.
Los vecinos, que entonces desconocían el abecé del lenguaje ambientalista, fueron organizándose en asambleas, y poco a poco tomaron conciencia de que, como en el pasado, la mina significaría trabajo para una minoría, además de la modificación de la vida cotidiana de los habitantes, debido a la escasez de agua, los desechos tóxicos y la contaminación. También comprendieron que partes del majestuoso cordón de Famatina se reducirían a montañas de escombros y polvo.
De esas asambleas surgió la consigna “El Famatina no se toca”. Así, entre enero y febrero de 2007, se decidieron a salir a la ruta y realizaron dos cortes importantes, instalando finalmente un corte de acceso (Peñas Negras) al camino que conduce al campamento instalado por la empresa, en los altos del Famatina, que continúa hasta el día de hoy.
En 2007, la crisis política provincial abrió un nuevo escenario, dando cierta visibilidad a las demandas ciudadanas. La crisis terminó eyectando a Maza, sustituido por Beder Herrera, el vicegobernador, quien impulsó la ley de prohibición de la minería a cielo abierto con cianuro, sancionada poco después. Todo parecía indicar que, a pesar de las grandes asimetrías, pero gracias a las oportunidades proporcionadas por una feroz interna peronista, David podía vencer finalmente a Goliat.
Sin embargo, una vez consolidado por la vía electoral, el gobernador Beder Herrera derogó tanto esa ley como aquella otra que disponía el llamado obligatorio a una consulta popular por el tema, un reclamo ineludible de la comunidad movilizada. El hecho, ocurrido hace apenas dos meses, fue coronado con el nombramiento del presidente de la Cámara de Minería de La Rioja como nuevo secretario de Minería de la provincia...
AY, SAN JUAN. Otro caso de grotescas asimetrías es la provincia de San Juan, gobernada por José Luis Gioja, quien posee actualmente intereses económicos en el sector. En Calingasta, una localidad amenazada por las explotaciones mineras a gran escala y cuatro proyectos más en exploración, los habitantes y autoridades locales intentaron llamar tres veces a un plebiscito para consultar a la población si está de acuerdo con estos megaemprendimientos, pero estos llamados fueron suspendidos por el tribunal electoral de la provincia, alegando que “el medio ambiente no es de competencia municipal”.
Por si fuera poco, a fines de 2007, se institucionalizó la criminalización de la protesta ambiental, cuando la Legislatura provincial sancionó un nuevo régimen contravencional que establece la condena con 30 días de cárcel o trabajo comunitario a todo aquel que “anunciando desastres, infortunios o peligros inexistentes provoque alarma en lugar público o abierto al público, de modo que pueda llevar intranquilidad o temor a la población”.
El caso del yacimiento Bajo de la Alumbrera, situado en Catamarca, que empezó a funcionar en 1997, permite ver en perspectiva el funcionamiento del modelo. Se trata del mayor emprendimiento minero del país, y se extiende en varias provincias: aunque se encuentra en Catamarca, el concentrado es transportado en un mineraloducto de 316 kilómetros que llega hasta Tucumán, atravesando poblaciones y lechos de río. Luego de su tratamiento y una vez obtenido los metales, éstos son transportados por un ferrocarril propio (el tren azul) hasta las instalaciones portuarias (también propias) de San Lorenzo, en Santa Fe.
Horacio Machado, investigador de la Universidad Nacional de Catamarca, indica que la compañía minera obtuvo un permiso de extracción de 1.200 litros de agua por segundo (alrededor de 100 millones de litros por día). Respecto del consumo de energía, para 2003, éste fue de 764,44 GW. Esto equivale al 170% del total del consumo de la provincia de Catamarca y al 87% de Tucumán.
Por supuesto, todos estos datos, que no son incluidos en el costo final del producto, presagian nuevos problemas, que van desde la escasez de agua hasta la demanda de construcción de nuevas represas hidroeléctricas, enteramente al servicio de las compañías mineras, algo previsto para los futuros emprendimientos.
Lo más notorio es que, hace unos meses, la compañía fue procesada por la justicia federal de Tucumán, por daños ambientales, constituyéndose en el primer fallo en Latinoamérica contra una minera. Además, desde el 6 de agosto de este año comunidades originarias y organizaciones de vecinos interrumpen el paso en la ruta 40, en el límite entre Tucumán y Salta, a cuatro camiones con insumos y maquinaria con destino a La Alumbrera.
Los vecinos movilizados consideran extender su lucha, luego de haber sido informados de los pedidos de destitución que enfrenta el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien dirige las actuaciones que motivaron el actual procesamiento del vicepresidente de la minera Bajo de la Alumbrera, Julián Patricio Rooney, por contaminación.
Es cierto que el “efecto Esquel” fue altamente beneficioso, pero produjo también el reacomodamiento de gobiernos provinciales, organismos nacionales y empresas transnacionales que multiplicaron sus intervenciones en defensa de este tipo de minería y ensayan ahora nuevas estrategias de “disuasión” que incluyen desde dudosas formas de responsabilidad social empresarial hasta la cooptación de universidades públicas, a través de subsidios y convenios de formación. Así, nada parece indicar que el gobierno actual revea los límites de su discurso desarrollista, contemple las demandas ciudadanas y se oriente hacia una verdadera discusión sobre las gravosas consecuencias sociales, económicas y ambientales de este tipo de minería.
Un modelo que crece y asusta
La expansión de la minería a cielo abierto, con la utilización de sustancias tóxicas que implican altos niveles de afectación del medio ambiente, y un uso desmesurado de recursos, entre ellos, el agua y la energía, no es patrimonio exclusivo de la Argentina, sino que recorre a gran parte de América Latina.
Las estadísticas son más que elocuentes: mientras que en el período 1990-1997 la explotación minera a nivel mundial creció el 90%, en América Latina lo hizo en un 400%. No es casual entonces que hayan surgido diferentes movilizaciones tanto en la Argentina como en Perú, Ecuador, Guatemala o Chile que se oponen al avance de estos grandes proyectos, exigen la derogación de las leyes mineras y la realización de consultas populares, que permitan expresar la opinión de las comunidades afectadas.
El caso más dramático es el de Perú, donde las protestas de las comunidades campesinas contra los megaproyectos de minería ya han dejado un saldo de varios muertos, heridos y centenares de comuneros judicializados.

lunes, 15 de septiembre de 2008

¿El cianuro mata?

A CAUSA DE UN HOMBRE QUE SE SUICIDO TOMANDO CIANURO

Ordenen poner en cuarentena el Hospital de Santa Maria

Un hombre se suicidó el viernes en la ciudad de Santa María, tomando cianuro. La víctima fue atendida en el Hospital Zona Luis Alberto Vargas, y por ello las autoridades de turno tomaron la precaución de llamar a los bomberos para la desinfección de la sala de terapia intensiva del nosocomio, que fue puesta en cuarentena debido a las fuertes características contaminantes del cianuro.

Según fuentes policiales la victima es una persona mayor de sexo masculino y sería de apellido Marín. De acuerdo a lo trascendido, trabajaría en un emprendimiento minero de donde habría obtenido el cianuro.

La doctora Dolores Vivero confirmó a nuestro medio en exclusiva la noticia de la desinfección del hospital minutos antes de que llegaran los Bomberos Voluntarios a realizar su trabajo.

“Ingreso en la guardia de este día un paciente con intoxicación y aparentemente seria por cianuro, según lo que había referido la victima a uno de sus familiares. Ahora estamos a la espera de que lleguen los bomberos para que nos den las pautas de protección”, dijo la medica de turno. Y agregó que se tomó la decisión poner en cuarentena las zonas donde se atendió al sujeto.

domingo, 14 de septiembre de 2008

Defensores del Pueblo quieren que Picolotti explique el daño ambiental que causará de Agua Rica

Temen niveles de contaminación hasta tres veces mayores que el causado por Minera Alumbrera. Por este motivo los ombudsman de Santiago del Estero y Tucumán esperaban reunirse el jueves con la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, encuentro que fue postergado para el 6 de octubre.
Iban a reunirse el jueves pero la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti viajó a Chubut para inaugurar ayer junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la temporada de pingüinos en Punta Tombo (donde también se concretará la firma del contrato de 16 millones de pesos para la creación de un Centro de Interpretación de la reserva faunística).
De esta forma, los defensores del Pueblo de Tucumán, Jorge García Mena, y de Santiago del Estero, Darío Alarcón deberán esperar hasta el 6 de octubre para presentar ante Picolotti sus reparos ante las consecuencias ambientales que el proyecto minero de Agua Rica (Andalgalá, Catamarca) traerá aparejadas en la región. Del encuentro también participará el presidente de la Asociación de Defensores de la Republica Argentina (Adpra), Carlos Bermúdez.
En diálogo con primerafuente, Alarcón anticipó que se analizará con la funcionaria nacional los alcances que tendrá en la explotación minera la ley nacional Nº 24.585 referida a la protección ambiental para las actividades mineras.
Para Alarcón, el emprendimiento (sería tres veces más grande que el de Minera Alumbrera) “deberá encontrar un Estado que no permanezca ajeno a la conculcación de los derechos elementales e intereses de la comunidad, a un medio ambiente sano y sustentable, a cambio de la preservación de una declamada seguridad jurídica y de capitales extranjeros que expolian nuestros recursos naturales no renovables”.
En declaraciones al matutino santiagueño El Liberal, el ombudsman adelantó presentará su rechazo a las tareas de exploración y explotación de la empresa minera canadiense Northern Orion y “a cualquier nuevo emprendimiento minero que de una u otra manera otorgue a esa actividad derechos a servirse en forma indiscriminada directa o indirectamente de los recursos naturales y acuíferos existentes, en la región de explotación, sin control directo del Estado”.
Junto a esto, días atrás García Mena reconoció ante primerafuente que cuenta con estudios elaborados por diferentes profesionales que darían cuenta del importante impacto ambiental que el nuevo emprendimiento minero causaría en la región.
“El resultado de estos análisis nos obliga a mantener un encuentro urgente con las autoridades nacionales a fin de que se nos especifique si este proyecto minero cuenta con algún estudio de impacto ambiental, cuál será el impacto que tendrá en la región, qué medidas precautorias se tienen pensadas con antelación a que se ponga en marcha la explotación y cómo se verán afectados los pueblos ubicados en la cercanía a la mina, entre otros puntos”, explicó el funcionario tucumano.
“Toda esta falta de información sumada a las constantes denuncias que organizaciones ambientalistas vienen realizando en contra de Agua Rica nos tiene preocupados. Tememos que el impacto de esta minera sea mucho más fuerte que el ocasionado por Minera Alumbrera”, había sostenido García Mena.

jueves, 11 de septiembre de 2008

por amenazas ambientales en la argentina: Diez millones de chicos en riesgo

Según un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para 2010 esa cantidad de menores de 14 años podría contraer enfermedades como cáncer y leucemia por la contaminación que los rodea. El mapa de los puntos críticos.
Los chicos de Abra Pampa. Según estudios realizados, a varios de ellos se les detectó presencia de plomo en la sangre.
En 2010 habrá diez millones de menores de 14 años que podrían contraer cáncer, leucemia, malformaciones fetales y afecciones del sistema nervioso central por estar expuestos a condiciones de riesgo ambiental.
La proyección surge de datos suministrados por el INDEC y de los estudios de cinco casos testigo realizados por la Defensoría del Pueblo de la Nación. “La niñez está expuesta a una serie de amenazas ambientales que atentan contra su supervivencia”, aseguró el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, luego de anunciar junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el diseño de un Mapa de la Niñez en Riesgo Ambiental en Argentina.
Según la Organización Mundial de la Salud, 83 de las 103 enfermedades infantiles principales son provocadas por factores de riesgo ambiental y terminan cobrándose, cada año, la vida de cuatro millones de niños en todo el mundo. Entre los graves problemas de salud provocados por sustancias liberadas al medio ambiente, los organismos sanitarios identifican: cáncer, leucemia, malformaciones fetales, infertilidad, problemas de aprendizaje y parálisis cerebral.
“Recibimos denuncias puntuales de situaciones de riesgo ambiental en diferentes lugares de la Argentina”, detalló a Crítica de la Argentina Cristina Maiztegui, jefa del Área Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. “Tomamos cinco situaciones que representan los factores contaminantes más habituales en todo el país”, agregó.
Estos son los casos:
Matanza/Riachuelo - Buenos Aires (contaminantes industriales y cloacales). El eje del conflicto se encuentra en el polo petroquímico Dock Sud, partido de Avellaneda. En la zona habitan unas 42.000 personas, pero la población de mayor riesgo se encuentra en Villa Inflamable, un núcleo poblacional integrado por mil familias que viven a metros de los tanques de almacenamiento de hidrocarburos. Un estudio realizado en 2003 estableció que el 50% de los chicos de entre 7 y 11 años tenían plombemia (plomo en sangre).
Río Reconquista - Buenos Aires (concentración, precariedad urbana y saturación del soporte ambiental). La problemática se centra en los asentamientos sobre la costa del río Reconquista, en cuyas márgenes habitan unas 4 millones de personas. El ejemplo más emblemático es el del barrio Las Tunas, en General Pacheco, donde unas 6.000 familias cuentan con sólo 11 canillas para la provisión de agua potable. Y donde las industrias papeleras e incineradoras de residuos peligrosos vierten sus efluentes en el único arroyo del lugar.
Ituzaingó - Córdoba (exposición a agroquímicos asociados a la agricultura). En este barrio ubicado en las afueras de la capital cordobesa se conjugan situaciones de riesgo ambiental múltiples originadas en las reiteradas fumigaciones aéreas de los campos aledaños, que provocan un rociado permanente de los habitantes con los potentes agrotóxicos.
Abra Pampa - Jujuy (exposición a metales pesados asociados a la actividad minera). Allí funcionó una fundición de plomo en pleno centro de la ciudad y aún se observan depósitos con escoria mineral de este metal en zonas de fácil acceso para la población. El 50 por ciento de los 7.500 habitantes son niños menores de 17 años. El 81 por ciento de los menores evaluados por diferentes estudios científicos presentaron niveles de plomo en sangre mayores al establecido como límite de daño madurativo.
Cartoneros - CABA (trabajo infantil en la manipulación de residuos domiciliarios). Un censo realizado por el gobierno porteño concluyó que unas 3.000 personas recorren diariamente las calles de la ciudad para reciclar cartones como medio de subsistencia. El 25% son menores de 17 años, “víctimas de una situación que los condena tempranamente a la exclusión social”, explica el informe.

martes, 9 de septiembre de 2008

“Donde hay un delito ambiental hay un funcionario delincuente”

Así lo señaló el fiscal tucumano Gustavo Gómez, quien procesó por primera vez a ejecutivos de una minera.

“En Argentina, desde el 2000 a la fecha, se han tramitado en los Tribunales Federales unas 1.200 causas por supuestos delitos ambientales; sólo en cinco de esos procesos se llegó hasta la condena. Si eso no es impunidad...”.

La reflexión corresponde al fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez. El magistrado ofreció la semana pasada una conferencia en la sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba en la que contó la causa judicial que impulsó contra Julián Rooney, gerente comercial y vicepresidente de la minera Bajo La Alumbrera, dedicada a la explotación de minerales metalíferos a cielo abierto. Por eso, Gómez ya es una especie de héroe de grupos ambientalistas.

Rooney fue procesado en junio por la Cámara Federal de referencia en una denuncia por contaminación ambiental que investigó Gómez y que tuvo como disparador una carta que dos jubilados de Santiago del Estero enviaron en 2002 al entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, comentó el fiscal.

“La experiencia me dice que, en Argentina, el concepto de impunidad en empresarios mineros y funcionarios del sector está internalizado. Por eso no les interesa dejar huellas cuando actúan” al margen de la ley, afirmó Gómez.

“Siempre digo que donde hay un delito ambiental hay un funcionario delincuente”, señaló el magistrado tucumano.

Caso emblemático. El procesamiento de Rooney por contaminación ambiental, sin prisión preventiva pero con un embargo millonario, tuvo repercusiones en el ámbito judicial argentino y fue celebrado de manera estruendosa por las organizaciones no gubernamentales defensoras del ambiente.

Sobran razones para justificar la euforia. El fallo es el primero en Latinoamérica contra una multinacional minera por contaminación. Además, Bajo La Alumbrera, ubicada en la precordillera catamarqueña, a 60 kilómetros de Belén y a 400 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, es uno de los principales reservorios de cobre y oro del mundo.

Minera Alumbrera Limited –la razón social– está gerenciada por Xstrata Plc, con sede en Suiza, dueña del 50 por ciento del paquete accionario. La otra mitad está repartida entre las canadienses Goldcorp Inc. (37,5 por ciento) y Hortthen Orion Resources Inc. (12,5 por ciento). Produce unas 180 mil toneladas de cobre y 600 mil onzas de oro al año.

El emprendimiento, a cielo abierto, se puso en marcha en 1997 con una inversión de 1.600 millones de dólares y muchas promesas de desarrollo y distribución de las riquezas en la región. La realidad demostró que ocurrió todo lo contrario.

Gómez contó que, un año después, el biólogo Juan González, entonces secretario de Ambiente de Tucumán pidió al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) que analizara muestras tomadas en un canal de efluentes de la minera. Las evaluaciones arrojaron, indicó Gómez, restos de plomo, cadmio, cobre, selenio, mercurio, cianuro y arsénico muy por encima de los valores tolerados. Con esa prueba, el ex funcionario denunció a Bajo La Alumbrera por violación de la ley nacional de residuos peligrosos (24.051). El expediente “durmió” en los escritorios judiciales hasta que el fiscal Gómez lo reactivó en 2002.

“Si se cumplieran las normas vigentes y el Estado realizara de manera rigurosa los controles necesarios, la minería a cielo abierto, altamente contaminante, no sería rentable y por lo tanto a las empresas multinacionales no les interesaría explotar el negocio”, señaló el fiscal.

“Pero nada de eso ocurre y por lo tanto es difícil que la cosa cambie”, expresó.

Cabe recordar que el procesamiento de Rooney alarmó a la Cámara de Empresarios Mineros de la Argentina (Caem) que publicó una solicitada en los diarios más influyentes de la Argentina.

La medida fue apelada y su curso llegará probablemente hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La conferencia de Gustavo Gómez estuvo organizada por la organización no gubernamental Conciencia Solidaria y la legisladora cordobesa Nancy Lizzul.

Fuente: La Voz

Fiscal Gómez: hay que llevar la víctima del delito ambiental a la justicia federal

A pesar que “el poder económico aporta al poder político”, lo cual desequilibra la balanza de la Justicia, la sociedad debe asumir un compromiso y poner su cuota de esfuerzo para que la justicia ambiental adopte medidas que repriman los delitos de contaminación. Ese es el pensamiento que atravesó el discurso del doctor Antonio Gustavo Gómez, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente en el NOA (UFIMA), durante su disertación sobre delitos ambientales que se realizó en la capital jujeña.

El fiscal opinó que la actividad minera no es necesariamente contaminante, pero advirtió que empresas mineras de Canadá explotan de una forma en sus países y de otra en Argentina y lo mismo sucede con países europeos.
Al ser consultado por qué los fiscales Federales de Jujuy, Mario Francisco Snopek y Domingo Batule, no habrían actuado sobre las imputaciones que hizo Gómez en 2007 a directivos de Minera El Aguilar y de Pirquitas, entre otros proyectos mineros, el fiscal ambiental señaló que no sabe cómo están esas causas y que la prensa “debería preguntárselo a ellos, yo soy fiscal de Tucumán”, aclaró. “Nosotros hicimos la investigación preliminar con los resultados que ustedes pueden ver en la página de Internet (www.fiscaliagraltucuman.gov.ar). Ahí están todas las conclusiones”, indicó.
Aunque Gómez dijo que “están bien” los reclamos públicos contra la contaminación ambiental, consideró que lo que se debe hacer es “ir a la oficina del fiscal o a la del juez federal, pedir audiencia y a ellos hay que expresarles la preocupación, a ellos hay que llevarle la víctima, porque tienen mil causas de las cuales una es sobre delito ambiental”.
Opinó que el motivo por el cual a veces no se mueven los expedientes, “básicamente, tiene que ver con la carga de trabajo que tienen en la oficina” los fiscales y jueces.
También señaló que aún cuando no se haya iniciado una explotación minera, se puede plantear una causa por tentativa. “El Código Penal prevé los delitos de tentativa de contaminación”, recordó, añadiendo que la Ley 24.051 de Régimen de Desechos Peligrosos también establece ese mismo principio.
“Un claro ejemplo de esto lo dio el gobernador de Entre Ríos, quien se presentó en una denuncia penal por el grado de tentativa contra la papelera que está en Fray Bentos y la Cámara Federal de Entre Ríos aceptó la denuncia. Se está investigando el delito en grado de tentativa”, explicó.
El fiscal reconoció que algunos funcionarios terminan siendo expulsados de sus cargos cuando se atreven a hacer lugar a denuncias de esta naturaleza. “Esto ocurre con algunos funcionarios públicos y me parece que la sociedad tiene que salir a respaldar a esa gente.Yo mismo tengo muchas denuncias y en este momento me están pidiendo la destitución. La pregunta es: si soy funcionario público, ¿me quedo por el sueldo o voy a cumplir mi trabajo? En mi caso particular, si me tienen que echar porque el poder de ellos es más grande, me iré a mi casa”, afirmó.
Precisó que a partir del año 2.000 se vienen sustanciando en la UFIMA más de 1.200 causas por delitos ambientales, pero que únicamente cinco de ellas tuvieron sentencia judicial, tras lo cual realizó un llamado a “terminar con la impunidad”.
“La balanza de la Justicia -observó- tiene dos platos. En materia de medio ambiente, en un plato está sentado el poder económico y el poder político, sobre todo el poder económico aportando al poder político. Esta es la realidad. Y en el otro plato, no está sentado nadie. Entonces, tenemos que salir a buscar funcionarios probos y honestos que quieran sentarse aquí. Tenemos que quitarles el miedo”, sostuvo.
Al respecto agregó que deben actuar las ONGs y también aquellos a los que denominó como “los ciudadanos de a pie” con el fin de “equilibrar la balanza”.
Ejemplificó que en la provincia de Tucumán se consiguió ese nivel de compromiso y participación al punto de lograr el procesamiento penal del vicepresidente de minera Bajo La Alumbrera, Julián Patricio Rooney, por el delito de “contaminación dolosa”.
“Las víctimas de la contaminación de minera Bajo La Alumbrera fueron a ver uno por uno a los jueces de la Cámara Federal de Tucumán, explicándoles el problema, mostrando las llagas que les provoca la contaminación”, expuso.
Ante una consulta, Gómez dijo que la actividad minera no es necesariamente contaminante. “He sido fiscal en Chubut y todo lo que sea minería explotada con productos químicos adecuados, es posible”, expresó, añadiendo que las mismas empresas podrían evitar la contaminación si pusieran en los diques de cola algunos protectores.
“Yo estuve en Canadá viendo empresas mineras que tienen capitales y vienen aquí a explotar. En Argentina explotan de una manera y en Canadá de otra. Esta es una realidad. En Europa hay empresas mineras que están trabajando y no contaminan por encima de los niveles que están contaminando acá. Entonces, me parece que somos el pato de la boda: vienen acá porque la fórmula econométrica a ellos les resulta gananciosa”, manifestó el fiscal.
Consideró que en épocas pasadas se explotaba al trabajador con la mita y el yanaconazgo. “Hoy, explotan el medio ambiente”, parangonó Gómez, quien dijo que el lema de estas empresas es “hay que ir a producir donde más plata nos dé. ¿Y dónde nos da más plata? En aquellos lugares donde realmente no tenemos una protección ambiental adecuada o donde podemos comprar funcionarios públicos que miren para el costado cuando los informes de impacto ambiental están por encima de los niveles de contaminación”, sentenció.
Cabe hacer notar que a la disertación de Gómez concurrió un público diverso, integrado por organizaciones sociales, aborígenes, ambientalistas, diputados provinciales y empresarios mineros.
Fuente: Agenda Pública - El Libertario (Jujuy)

sábado, 6 de septiembre de 2008

Benedicto XVI critica impactos de explotación minera

Vaticano – 27/08/08. El Papa Benedicto XVI criticó los impactos de la explotación minera y demás proyectos que dañan el medio ambiente. “Hay cicatrices en la superficie de nuestra Tierra, erosión, deforestación, derroche de los recursos minerales y de los océanos, para satisfacer al consumo insaciable”, declaró ante 150 mil peregrinos en las Jornadas Mundiales de la Juventud, realizadas recientemente en Sidney, Australia. Posteriormente Benedicto XVI recibió en el Vaticano la visita ad limina de los obispos salvadoreños encabezados por el Arzobispo de San Salvador, quien en su informe presentó la minería metálica como uno de los principales problemas del país y se refirió a la declaración de la Conferencia Episcopal “Cuidemos la Casa de Todos”, que llama a rechazar la explotación minera.
Por Equipo de Comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica
Por eso el Sumo Pontífice llamó a “proteger el ambiente y administrar de manera responsable los bienes de la Tierra”, confirmando la preocupación de la Iglesia Católica por el grave deterioro ambiental que sufre el planeta, debido a la explotación irracional de los recursos naturales impulsada por este modelo económico que pone la acumulación de riquezas por encima de la dignidad y la vida de los seres humanos.
Este planteamiento es uno de los mensajes más fuertes a favor del medio ambiente que el jefe del Vaticano ha expresado hasta hoy y constituye el mayor respaldo para los obispos de diversos países que se han pronunciado en contra de los daños ambientales, sociales y económicos de la extracción de metales preciosos impulsada por empresas transnacionales que se imponen mediante el engaño, la presión y el chantaje.
Antes de esto el máximo representante mundial de la Iglesia Católica incluyó en la lista de nuevos pecados la contaminación ambiental, después de participar en la reunión de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM), realizada en Aparecida (Brasil), donde supo de los graves perjuicios al ecosistema y a la salud humana que la explotación minera metálica causa en diversos países del continente.
En Aparecida fueron presentados casos de Perú, Guatemala y Honduras, donde compañías canadienses, australianas y estadounidense extraen recursos minerales sin importar los impactos negativos que esto genera. Por eso, en la Declaración Final del encuentro, el Papa y los obispos latinoamericanos critican el “desmedido afán de la riqueza, por encima de la vida humana, de los pueblos y del respeto a la naturaleza misma”.
Según la Declaración, “la Madre Tierra es nuestra Casa Común, el lugar de la alianza de Dios con los seres humanos y con toda la Creación, por tanto, destruirla es un pecado”. Por eso cuestiona directamente la explotación minera metálica: “…debemos alertar respecto a las industrias extractivas que eliminan bosques, contaminan el agua y convierten las zonas explotadas en inmensos desiertos”, reza el documento.
Posteriormente Benedicto XVI recibió en el Vaticano la visita ad limina de los obispos salvadoreños encabezados por Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, Arzobispo de San Salvador, quien en su informe al Sumo Pontífice presentó la minería metálica como uno de los principales problemas del país y se refirió a la declaración de la Conferencia Episcopal “Cuidemos la Casa de Todos”, que llama a rechazar la explotación minera. Dios quiera que los diputados y funcionarios del Ejecutivo que se dicen católicos acaten la postura de la jerarquía nacional, latinoamericana y mundial de la Iglesia Católica. Y ojalá que toda la población salvadoreña identificada con los principios cristianos defendamos la Creación, la Casa de Todos, gravemente deteriorada y ahora amenazada por la posible explotación minera, impulsada por falsos cristianos o anticristos.
Fuente: No a la mina

viernes, 5 de septiembre de 2008

La carga de los camiones de Alumbrera sigue sobre la ruta 40

Los cilindros destinados a la mina de Bajo La Alumbrera aún permanecen a un costado de la ruta nacional 40 en Colalao de Valle por parte de grupos ambientalistas y vecinos del lugar que se oponen a su traslado. En tanto, la restante carga (en total son cuatro estructuras) continúa depositada en un predio ubicado a 150 metros de distancia en la localidad de El Bañado.

Las cargas, permanecen allí desde el 21 de agosto pasado cuando en horas de la madrugada camiones chilenos que las transportan quisieron vulnerar el control vecinal sin éxito.

En tanto, este sábado se realizará una nueva asamblea para definir los pasos a seguir los que serán ratificados a través de un pronunciamiento escrito.

Los asambleístas reclaman el cese temporal de la actividad de Minera Alumbrera hasta que la situación judicial de su directivo, Julián Rooney (hoy procesado por aparente contaminación ambiental que causa esa minera) se resuelva.

miércoles, 3 de septiembre de 2008

Alarcón pedirá audiencia con Picolotti por la minera Aguas Ricas

El Defensor del Pueblo de la provincia (Santiago del Estero) manifestó a Radio Panorama que podría entrevistarse con la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, para frenar la instalación de la minera Aguas Ricas. La empresa podría traer un impacto negativo en el ecosistema de la región. Las obras de construcción comenzarían en este semestre.
En conversación con Radio Panorama, el Defensor del Pueblo de la provincia señaló que ya se solicitó una audiencia con la titular de la Secretaría de medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, para frenar la instalación de la minera Aguas Ricas en el NOA.
Según lo precisado por el ombudsman provincial, se solicitarán los informes que deberia haber presentado la firma que pretende instalar la minera, que según los informes preliminares, sería mayor a La Alumbrera.
La Defensoría santiagueña junto con la del Tucumán plantearán las bases administrativas y legales para evitar la radicación de la empresa canadiense, cuya construcción comenzaría durante el segundo semestre del presente año para comenzar a funcionar en el 2011.
Alarcón puntualizó que si bien hasta el momento no hay antecedentes de mineras que hallan sido frenadas por presentaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, aunque tampoco se presentaron pedidos similares.
El Defensor provincial destacó que el emprendimiento encendió la luz de alerta por el impacto ambiental que supone la explotación minera a cielo abierto y destacó que la inversión supone “un emprendimiento más grande que minera La Alumbrera”.
Fuente: Diario Panorama (Santiago del Estero)