Antonio Gustavo Gómez es fiscal general de Justicia federal de la Jurisdicción 15, que incluye tres provincias: Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Patagónico, santacruceño, se formó en Chubut, pero en 2001 ganó un concurso y pudo elegir un destino, y eligió Tucumán "porque es el lugar del país con mayor tasa de delitos que trata la Justicia federal (drogas, medioambiente, contrabando, entre otros)", explicó a La Capital, en una entrevista exclusiva en su despacho de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Con la ayuda de pobladores afectados, organizaciones no gubernamentales e investigadores particulares, Gómez se interesó en investigar delitos de contaminación. Lleva adelante una imputación contra la mina La Alumbrera, de Catamarca, que habría producido graves episodios de contaminación, tanto en Catamarca como en Tucumán y en Santiago del Estero, provincias que recorre el concentrado extraído del suelo argentino. Para luego exportarse desde puertos santafesinos al mundo.
—¿Qué lo llevó a investigar al hermético tren?
—Me vinieron a ver dos jubilados santiagueños. Ellos conocían datos del tren. Por ejemplo, el concentrado que transporta el tren (con minerales) no sólo contenía cobre. Sospechaban que podía afectar la salud humana porque los guardias no permiten en las paradas del tren que alguien se acerque a los vagones.
—¿Y qué hizo?
—Pedí informes a Gendarmería para determinar la calidad del agua en el canal DP2 (que transporta el agua que desecha la planta de secado del concentrado, en Tucumán, que baja a Santiago y termina en el sistema del Paraná), y me informaron que había un grado de contaminación importante. Por encima de los niveles máximos que permite la ley nacional y tratados internacionales. Eso es delito.
—Sucede que la provincia de Tucumán dictó una resolución que autoriza niveles de contaminación muy superiores a lo indicado en convenios internacionales. Son patrocinantes de la contaminación.
—Ellos dicen que lo hicieron porque "les interesa dar trabajo a la gente". Yo les digo que, con ese criterio, podrían ir a Bolivia, comprar cocaína, dictar un decreto que autorice a venderla en Tucumán, y entonces montar una empresa muy rentable que seguramente podría dar mucho "trabajo a la gente".
—Podrían decirle que la cocaína es más peligrosa que contaminar el agua y el aire.
—Y es falso. Porque la cocaína podría dañar a una franja minoritaria de la sociedad, pero el 100% de la población consume contaminación.
—¿Cómo descubrió el presunto contrabando en el puerto exportador privado de La Alumbrera en San Lorenzo, a 15 minutos de Rosario?
—Además de la causa de contaminación contra La Alumbrera —que hace tres años espera una resolución de la Cámara, en la Justicia federal de Tucumán—, también descubrimos que la Aduana de San Lorenzo (donde se embarcan las cargan que se exportan) no controla qué tipo de minerales salen del país ni la cantidad de cada uno.
—¿Y los permisos de embarque de Aduana de San Lorenzo?
—Para mi sorpresa veo que los permisos de embarque, algo básico de cualquier aduana, son cumplimentados (tipo de materiales y cantidades despachado de cada material) por el que recibe la carga en destino (Canadá y Holanda, entre otros destinos). O sea que el cobre, oro y decenas de otros minerales sumamente valiosos que se extraen en Catamarca y se exportan desde Santa Fe al mundo, no son contabilizados en la Aduana. El país queda a merced de comprador impuestos por lo que el comprador dice que recibió. La Aduana manda el permiso "a controlar", y desde Holanda luego dicen "tantas toneladas de oro y de cobre".
—Algo así como "llévelo todo y pague lo que quiera".
—Insólito, pero funciona así por un beneficio extraordinario que les otorgó el director general de la Aduana cuando empezó a funcionar La Alumbrera, en 1997. La Alumbrera exporta de dos formas, por un lado lingotes de oro que se procesan directamente en la mina, en Catamarca, que salen vía aérea, y los barros (concentrado de cobre), que sale por el mineraloducto desde la mina hasta Tucumán, luego en tren hasta el puerto de San Lorenzo y a los barcos con distintos destinos en el mundo.
—Usted investigó el contenido del concentrado que llega en tren hasta la Aduana de San Lorenzo. ¿Qué encontró?
—Le pedí ayuda a Gendarmería, y lo hicieron muy bien. Secuestraron parte del material y lo hicieron analizar. Además de cobre y oro, encontramos muchos otros minerales sumamente valiosos, que ni siquiera están men cionados por la empresa. Yo comuniqué al procurador general de la Nación (Esteban Righi, jefe nacional de los fiscales), él se lo pasó al fiscal general de Rosario ( jurisdicción nº 12) y se abrió una causa por contrabando.
—Acreditados esos elementos es dificil entender cómo la Justicia no logró interrumpir este proceso, luego de 11 años, desde que la minera empezó a producir.
—Habría que buscar la explicación en que la multinacional La Alumbrera está asociada con una empresa minera de origen argentino, llamada YMAD, que integran a su vez la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Curiosamente, cuando yo tomé esta causa en 2003 (con 6 años de vigencia de la explotación), YMAD, la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucumán no habían recibido ni un peso. La Alumbrera tienen una amplísima gama de beneficios fiscales que le permiten hacer pasar por pasivos lo que es una inversión en activos. Con este ardid cerraron balances en negativo durante años. Y ahí se abrió una investigación por presunta defraudación al Estado nacional y a la Universidad Nacional de Tucumán.
Fuente: http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2008/05/19/noticia_5090.html
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