Cada vez peor... Ahora Mendoza

A provincias como San Juan, Catamarca o La Rioja, donde los gobiernos locales reprimen sistematicamente a quienes defienden el medioambiente, se suma el reciente caso de la provincia de Mendoza [1] que acaba de aprobar en Senadores un régimen contravencional que criminaliza la protesta social, como en el caso de San Juan, que según se denunció, fue copiado por el mendocino.

Esto no es mas que una mordaza destinada a tapar la boca e impedir las denuncias realizadas por las agrupaciones que protestan en contra de la minería.

En el debate en la legislatura la senadora por el ARI Alejandra Naman anticipó su voto opinando que "no existe democracia sin pluralismo". La legisladora sostuvo que el artículo 92 "conspira, limita y penaliza" derechos constitucionales como el de expresarse libremente. Cuando terminó su discurso, se oyeron aplausos de los miembros de organizaciones sociales que estaban dispersos en las bandejas del recinto." [2]

Otro de los elementos a tener en cuenta en este contexto, es la reciente incorporación al gobierno mendocino, Pablo Navarra (responsable del proyecto de la reactivación de la mina de uranio Sierra Pintada), quien sostiene: “Mi propósito fundamental es fomentar el crecimiento de la minería en Mendoza, y haremos todos los esfuerzos dentro del marco legal para que haya una producción minera creciente y que tenga futuro” [3], quien además resulta ser el ex representante en Mendoza de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo cual sucede en un contexto de numerosas manifestaciones y polémicas en torno a la explotación minera.

Ahora todo parece un poco más claro, ya que reprimiendo a los "talibanes ambientalistas" (según denominación del vice presidente de la CAEM Martín Dedeu) [4], con un régimen contravencional que lo permite, el camino hacia la mega minería contaminante es mucho mas fácil, teniendo en cuenta los irrisorios privilegios concedidos por las leyes de la década del ´90, que entre otras cosas establece una estabilidad fiscal por 30 años, aunque sea una de las 3 actividades mas rentables en la actualidad. Solo exista un costo y un sacrificio que asumir: la pérdida de los tan valorados Derechos Humanos, ya sea por la comisión del delito de lesa humanidad de contaminación (Ley 24051), violando el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Artículo 41 Constitución Nacional) y todos aquellos derechos que son violados al reprimir la libre expresión y protesta exigiendo derechos constitucionales, por códigos de faltas como el de San Juan o Mendoza.

Parece ser, que parte del pueblo mendocino está contento con esta reforma, ya que podrá "circular libremente" porque no habrá mas cortes de rutas ni calles, aunque no pueda expresarse ni emitir ninguna objeción ni opinión contraria a la minería o al gobierno de turno. Lo cual, resulta de una sociedad tan miope como la de nuestra pobre Argentina, en donde se condena a represores decrépitos, quienes no cuentan con la mas mínima cuota de poder, pero algunas personas todavía aplauden el "progreso traído por la minería" (aunque ilusorio) de la mano de déspotas gobernantes, que a cambio violan y restringen los derechos humanos y no solo el medio ambiente defendido por los "eco terroristas". Con esto nos referimos a que la lucha por los Derechos Humanos no debe ser pensada exclusiva y excluyentemente en función de la década del 70. Por ello, quien cometió algún delito de lesa humanidad, debe ser juzgado, y castigado con todo el peso de la ley si la justicia lo determina correspondiente, pero sin olvidarnos que hoy en día, debemos seguir denunciando las violaciones a los Derechos Humanos.

En una ecuación que se repite, compuesta por minería, régimen contravencional que penaliza la protesta social, CNEA, gobiernos autoritarios y cómplices del saqueo: el único resultado posible es la violación de los Derechos Humanos.