La minería a cielo abierto: de la protesta a nuevas leyes

Cualquier modelo que se plantee como alternativa de desarrollo en una sociedad, debe ser informado y sometido a la discusión pública. No parece ser el caso en este país, donde tanto la ciudadanía, como los intelectuales y la comunidad universitaria, solemos llegar tarde, cuando los hechos ya se presentan como consumados. Así sucedió con el modelo sojero, cuya discusión debería haberse instalado en la agenda pública hace ocho o diez años atrás. Hoy, el riesgo es que por indiferencia, desconocimiento u omisión dejemos pasar por delante de nuestras narices la discusión del modelo minero, que involucra diecisiete provincias argentinas, muchas de ellas erigidas en territorios de resistencia.

La megaminería a cielo abierto, que emplea tecnologías de lixiviación con sustancias tóxicas, es una actividad que en los últimos años viene suscitando grandes resistencias a lo largo del país. La importancia económica del sector minero no es menor, si tenemos en cuenta que, según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, entre 2003 y 2007, el total de inversiones acumuladas se multiplicó por más de ocho, pasando de 660 millones a 5.600 millones de dólares. Beneficiadas por un escandaloso marco legal creado en los 90, confirmado por las sucesivas gestiones, la puesta en marcha de este “modelo de desarrollo”, se viene realizando de manera silenciosa y vertiginosa, sin consulta a las poblaciones involucradas.

En 1997, Catamarca fue la encargada de arrancar con el megaproyecto La Alumbrera, pero fue en la localidad chubutense de Esquel donde la megaminería encontró un primer gran escollo.

Fuente: Crítica Digital
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