En nuestro país debemos incorporar la dimensión ambiental en todos los niveles de Gobierno, optimizando el uso de instrumentos tales como el ordenamiento territorial, la obligatoria evaluación del impacto ambiental, la adopción de sistemas de diagnóstico e información ambiental, la participación ciudadana y el régimen económico de desarrollo sostenible.
En el centro de nuestra política ambiental está la voluntad de mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la protección de los ecosistemas. Como parte de esa voluntad se genera en primer término la decisión de promover la energía de fuentes renovables en orden a asegurar su participación creciente en la matriz energética, la búsqueda de la eficiencia energética mediante programas dirigidos a tal fin y la preservación de los bosques nativos.
En este sentido, auspiciamos una concepción profundamente humanista de la conservación del patrimonio natural y cultural como potentes motores del desarrollo local, convencidos de que este desarrollo debe ser ambientalmente sustentable, culturalmente diverso y socialmente equitativo.
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