A pesar que “el poder económico aporta al poder político”, lo cual desequilibra la balanza de la Justicia, la sociedad debe asumir un compromiso y poner su cuota de esfuerzo para que la justicia ambiental adopte medidas que repriman los delitos de contaminación. Ese es el pensamiento que atravesó el discurso del doctor Antonio Gustavo Gómez, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente en el NOA (UFIMA), durante su disertación sobre delitos ambientales que se realizó en la capital jujeña.
El fiscal opinó que la actividad minera no es necesariamente contaminante, pero advirtió que empresas mineras de Canadá explotan de una forma en sus países y de otra en Argentina y lo mismo sucede con países europeos.
Al ser consultado por qué los fiscales Federales de Jujuy, Mario Francisco Snopek y Domingo Batule, no habrían actuado sobre las imputaciones que hizo Gómez en 2007 a directivos de Minera El Aguilar y de Pirquitas, entre otros proyectos mineros, el fiscal ambiental señaló que no sabe cómo están esas causas y que la prensa “debería preguntárselo a ellos, yo soy fiscal de Tucumán”, aclaró. “Nosotros hicimos la investigación preliminar con los resultados que ustedes pueden ver en la página de Internet (www.fiscaliagraltucuman.gov.ar). Ahí están todas las conclusiones”, indicó.
Aunque Gómez dijo que “están bien” los reclamos públicos contra la contaminación ambiental, consideró que lo que se debe hacer es “ir a la oficina del fiscal o a la del juez federal, pedir audiencia y a ellos hay que expresarles la preocupación, a ellos hay que llevarle la víctima, porque tienen mil causas de las cuales una es sobre delito ambiental”.
Opinó que el motivo por el cual a veces no se mueven los expedientes, “básicamente, tiene que ver con la carga de trabajo que tienen en la oficina” los fiscales y jueces.
También señaló que aún cuando no se haya iniciado una explotación minera, se puede plantear una causa por tentativa. “El Código Penal prevé los delitos de tentativa de contaminación”, recordó, añadiendo que la Ley 24.051 de Régimen de Desechos Peligrosos también establece ese mismo principio.
“Un claro ejemplo de esto lo dio el gobernador de Entre Ríos, quien se presentó en una denuncia penal por el grado de tentativa contra la papelera que está en Fray Bentos y la Cámara Federal de Entre Ríos aceptó la denuncia. Se está investigando el delito en grado de tentativa”, explicó.
El fiscal reconoció que algunos funcionarios terminan siendo expulsados de sus cargos cuando se atreven a hacer lugar a denuncias de esta naturaleza. “Esto ocurre con algunos funcionarios públicos y me parece que la sociedad tiene que salir a respaldar a esa gente.Yo mismo tengo muchas denuncias y en este momento me están pidiendo la destitución. La pregunta es: si soy funcionario público, ¿me quedo por el sueldo o voy a cumplir mi trabajo? En mi caso particular, si me tienen que echar porque el poder de ellos es más grande, me iré a mi casa”, afirmó.
Precisó que a partir del año 2.000 se vienen sustanciando en la UFIMA más de 1.200 causas por delitos ambientales, pero que únicamente cinco de ellas tuvieron sentencia judicial, tras lo cual realizó un llamado a “terminar con la impunidad”.
“La balanza de la Justicia -observó- tiene dos platos. En materia de medio ambiente, en un plato está sentado el poder económico y el poder político, sobre todo el poder económico aportando al poder político. Esta es la realidad. Y en el otro plato, no está sentado nadie. Entonces, tenemos que salir a buscar funcionarios probos y honestos que quieran sentarse aquí. Tenemos que quitarles el miedo”, sostuvo.
Al respecto agregó que deben actuar las ONGs y también aquellos a los que denominó como “los ciudadanos de a pie” con el fin de “equilibrar la balanza”.
Ejemplificó que en la provincia de Tucumán se consiguió ese nivel de compromiso y participación al punto de lograr el procesamiento penal del vicepresidente de minera Bajo La Alumbrera, Julián Patricio Rooney, por el delito de “contaminación dolosa”.
“Las víctimas de la contaminación de minera Bajo La Alumbrera fueron a ver uno por uno a los jueces de la Cámara Federal de Tucumán, explicándoles el problema, mostrando las llagas que les provoca la contaminación”, expuso.
Ante una consulta, Gómez dijo que la actividad minera no es necesariamente contaminante. “He sido fiscal en Chubut y todo lo que sea minería explotada con productos químicos adecuados, es posible”, expresó, añadiendo que las mismas empresas podrían evitar la contaminación si pusieran en los diques de cola algunos protectores.
“Yo estuve en Canadá viendo empresas mineras que tienen capitales y vienen aquí a explotar. En Argentina explotan de una manera y en Canadá de otra. Esta es una realidad. En Europa hay empresas mineras que están trabajando y no contaminan por encima de los niveles que están contaminando acá. Entonces, me parece que somos el pato de la boda: vienen acá porque la fórmula econométrica a ellos les resulta gananciosa”, manifestó el fiscal.
Consideró que en épocas pasadas se explotaba al trabajador con la mita y el yanaconazgo. “Hoy, explotan el medio ambiente”, parangonó Gómez, quien dijo que el lema de estas empresas es “hay que ir a producir donde más plata nos dé. ¿Y dónde nos da más plata? En aquellos lugares donde realmente no tenemos una protección ambiental adecuada o donde podemos comprar funcionarios públicos que miren para el costado cuando los informes de impacto ambiental están por encima de los niveles de contaminación”, sentenció.
Cabe hacer notar que a la disertación de Gómez concurrió un público diverso, integrado por organizaciones sociales, aborígenes, ambientalistas, diputados provinciales y empresarios mineros.
Aunque Gómez dijo que “están bien” los reclamos públicos contra la contaminación ambiental, consideró que lo que se debe hacer es “ir a la oficina del fiscal o a la del juez federal, pedir audiencia y a ellos hay que expresarles la preocupación, a ellos hay que llevarle la víctima, porque tienen mil causas de las cuales una es sobre delito ambiental”.
Opinó que el motivo por el cual a veces no se mueven los expedientes, “básicamente, tiene que ver con la carga de trabajo que tienen en la oficina” los fiscales y jueces.
También señaló que aún cuando no se haya iniciado una explotación minera, se puede plantear una causa por tentativa. “El Código Penal prevé los delitos de tentativa de contaminación”, recordó, añadiendo que la Ley 24.051 de Régimen de Desechos Peligrosos también establece ese mismo principio.
“Un claro ejemplo de esto lo dio el gobernador de Entre Ríos, quien se presentó en una denuncia penal por el grado de tentativa contra la papelera que está en Fray Bentos y la Cámara Federal de Entre Ríos aceptó la denuncia. Se está investigando el delito en grado de tentativa”, explicó.
El fiscal reconoció que algunos funcionarios terminan siendo expulsados de sus cargos cuando se atreven a hacer lugar a denuncias de esta naturaleza. “Esto ocurre con algunos funcionarios públicos y me parece que la sociedad tiene que salir a respaldar a esa gente.Yo mismo tengo muchas denuncias y en este momento me están pidiendo la destitución. La pregunta es: si soy funcionario público, ¿me quedo por el sueldo o voy a cumplir mi trabajo? En mi caso particular, si me tienen que echar porque el poder de ellos es más grande, me iré a mi casa”, afirmó.
Precisó que a partir del año 2.000 se vienen sustanciando en la UFIMA más de 1.200 causas por delitos ambientales, pero que únicamente cinco de ellas tuvieron sentencia judicial, tras lo cual realizó un llamado a “terminar con la impunidad”.
“La balanza de la Justicia -observó- tiene dos platos. En materia de medio ambiente, en un plato está sentado el poder económico y el poder político, sobre todo el poder económico aportando al poder político. Esta es la realidad. Y en el otro plato, no está sentado nadie. Entonces, tenemos que salir a buscar funcionarios probos y honestos que quieran sentarse aquí. Tenemos que quitarles el miedo”, sostuvo.
Al respecto agregó que deben actuar las ONGs y también aquellos a los que denominó como “los ciudadanos de a pie” con el fin de “equilibrar la balanza”.
Ejemplificó que en la provincia de Tucumán se consiguió ese nivel de compromiso y participación al punto de lograr el procesamiento penal del vicepresidente de minera Bajo La Alumbrera, Julián Patricio Rooney, por el delito de “contaminación dolosa”.
“Las víctimas de la contaminación de minera Bajo La Alumbrera fueron a ver uno por uno a los jueces de la Cámara Federal de Tucumán, explicándoles el problema, mostrando las llagas que les provoca la contaminación”, expuso.
Ante una consulta, Gómez dijo que la actividad minera no es necesariamente contaminante. “He sido fiscal en Chubut y todo lo que sea minería explotada con productos químicos adecuados, es posible”, expresó, añadiendo que las mismas empresas podrían evitar la contaminación si pusieran en los diques de cola algunos protectores.
“Yo estuve en Canadá viendo empresas mineras que tienen capitales y vienen aquí a explotar. En Argentina explotan de una manera y en Canadá de otra. Esta es una realidad. En Europa hay empresas mineras que están trabajando y no contaminan por encima de los niveles que están contaminando acá. Entonces, me parece que somos el pato de la boda: vienen acá porque la fórmula econométrica a ellos les resulta gananciosa”, manifestó el fiscal.
Consideró que en épocas pasadas se explotaba al trabajador con la mita y el yanaconazgo. “Hoy, explotan el medio ambiente”, parangonó Gómez, quien dijo que el lema de estas empresas es “hay que ir a producir donde más plata nos dé. ¿Y dónde nos da más plata? En aquellos lugares donde realmente no tenemos una protección ambiental adecuada o donde podemos comprar funcionarios públicos que miren para el costado cuando los informes de impacto ambiental están por encima de los niveles de contaminación”, sentenció.
Cabe hacer notar que a la disertación de Gómez concurrió un público diverso, integrado por organizaciones sociales, aborígenes, ambientalistas, diputados provinciales y empresarios mineros.
Fuente: Agenda Pública - El Libertario (Jujuy)
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